El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian DePeña, fue arrestado este viernes por el FBI y enfrenta cargos federales por presunto fraude electrónico y lavado de dinero, relacionados con más de 1.6 millones de dólares en préstamos de ayuda económica destinados a pequeñas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Boston, el alcalde, de ascendencia dominicana, habría obtenido los fondos para su empresa Tenares Tire Service Inc. mediante declaraciones que, según los investigadores, eran falsas. Posteriormente, habría utilizado parte del dinero para fines personales y políticos.

Según la denuncia, DePeña obtuvo inicialmente un préstamo de 150,000 dólares en 2020. En 2021 logró elevarlo a 500,000 dólares y, tras una segunda modificación, el monto total ascendió a aproximadamente 1.65 millones de dólares.

Los investigadores alegan que, tras recibir los fondos, DePeña transfirió cerca de 1.15 millones de dólares desde la cuenta de Tenares Tire a una cuenta bancaria personal.

Según el agente especial Zachariah Marino, de la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), parte de ese dinero se utilizó para pagar 85,000 dólares en obligaciones tributarias personales.

La denuncia también señala que DePeña destinó aproximadamente 132,000 dólares provenientes del préstamo a aportes para su campaña a la alcaldía.

Además, los investigadores identificaron otros 883,293 dólares empleados para saldar préstamos de alto interés garantizados por propiedades inmobiliarias de DePeña. Uno de esos pagos, por 538,109.03 dólares, se destinó a cancelar un préstamo utilizado para financiar la compra de una propiedad en Lawrence. Otro pago, por 345,184.13 dólares, sirvió para saldar una segunda deuda inmobiliaria.

Las autoridades sostienen que esos usos estaban prohibidos por las condiciones de los préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), ya que los fondos EIDL —programa de préstamos creado para ayudar a pequeñas empresas afectadas económicamente por el COVID-19— debían utilizarse como capital de trabajo para mitigar el impacto de la pandemia, y no para pagar deudas personales, financiar campañas políticas o refinanciar préstamos existentes.

La denuncia afirma, además, que DePeña certificó en varias ocasiones que los fondos serían destinados exclusivamente a aliviar el perjuicio económico causado por la pandemia.

Pese a haber recibido cerca de 1.65 millones de dólares, los registros citados por los investigadores indican que, hasta el 5 de agosto de 2026, DePeña solo había realizado 16 pagos al préstamo, por un total aproximado de 130,160 dólares, todos aplicados a intereses. El capital pendiente rondaba aún los 1.65 millones de dólares.

La denuncia penal establece que existe causa probable para acusarlo de fraude electrónico y lavado de dinero. Las acusaciones deberán probarse ante un tribunal.